Mucho se ha hablado del proyecto de Paz Total del presidente Gustavo Petro, pero desde mi perspectiva, se pueden identificar dos errores significativos en su intento de llevar a cabo este plan de paz total, que en esencia no parece estar mal y, de hecho, tiene buenas intenciones. Sin embargo, antes de implementarlo, se debieron haber tomado dos acciones fundamentales.
En primer lugar, era necesario demostrar tanto a aquellos interesados en negociar como a aquellos que no lo estaban, que el Estado poseía la capacidad militar para enfrentarlos y derrotarlos. Era importante mostrar que el Estado estaba dispuesto a entablar negociaciones y llegar a acuerdos, pero que también tenía la capacidad de derrotar a aquellos que no cumplieran con los acuerdos o continuaran en actividades criminales.
Recordemos el impacto que tuvieron las FARC en su momento, con hombres caídos y la desmoralización de sus filas debido a dichas bajas. No se trataba solo de capturas, sino también de acciones militares contra los altos mandos de la guerrilla, lo cual obligó a su desmovilización y a alcanzar acuerdos de paz. Sin embargo, esto tuvo un costo humano significativo, ya que las víctimas no solo incluyeron a los rebeldes, sino también a inocentes y a los hijos de las personas más necesitadas.
El segundo error, que incluso no es de Petro, sino todos los gobiernos, radica en no haber abordado de manera institucional las zonas más apartadas de Colombia, donde los grupos delictivos se concentran y establecen sus centros de operaciones. En municipios del Vaupés, Guainía y zonas de Arauca, los habitantes solo conocen el control territorial impuesto por estos grupos al margen de la ley, e incluso estos mismos grupos asumen funciones que deberían corresponder al Estado, como el establecimiento de leyes, economía y justicia.
La presencia estatal en muchos territorios de Colombia se reduce únicamente a la figura de un soldado armado, quien ejerce un poder absoluto sobre la zona. Sin embargo, la falta de presencia de otras instituciones y de una variedad de servicios es evidente. Debemos ser claros en reconocer que llevar toda una oferta institucional a poblados con tan solo 100 habitantes puede resultar difícil, pero estas personas también necesitan una presencia estatal constante que trascienda la mera presencia de una fuerza armada.