La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, expresó su negativa a aceptar el traslado del peaje, argumentando que afectaría gravemente las dinámicas sociales, agrícolas, turísticas y comerciales de la zona. González también desmintió las afirmaciones de la concesión Estyma y la Gobernación de Antioquia, señalando que ni la comunidad ni la Alcaldía de Bello fueron partícipes en la toma de decisiones sobre el contrato de concesión firmado en diciembre de 2023.
Por su parte, el Concejo Municipal de Bello, en pleno, respaldó la postura de la mandataria local. El presidente del Concejo, Jaime Llano Cañas, afirmó que agotarán todas las instancias legales para impedir la instalación del peaje en Jalisco, defendiendo los intereses de la comunidad bellanita.
Uno de los puntos más polémicos durante la sesión fue el estudio socioeconómico presentado por la Gobernación de Antioquia, el cual, según los asistentes, no refleja la realidad del corregimiento de San Félix ni beneficia a los municipios del norte de Antioquia. Además, la ausencia de los representantes de la concesión Estyma fue criticada por la alcaldesa y los concejales, quienes consideraron esta actitud como una falta de respeto hacia la comunidad afectada.
En respuesta a las críticas, el subsecretario de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, Sebastián Castaño Gómez, anunció que se revisarán las condiciones jurídicas y técnicas del estudio socioeconómico y que en uno o dos meses se presentará una versión ajustada a la realidad del territorio.
La comunidad de San Félix, junto con la Alcaldía y el Concejo de Bello, reafirmó su compromiso en la defensa del territorio y advirtió que no permitirá que se imponga una decisión que consideran perjudicial para el bienestar de sus habitantes.
Contexto:
Este rechazo se enmarca en un historial de inconformidades por parte de los municipios del norte del Valle de Aburrá respecto a la ubicación de peajes en la región. Desde 1996, los peajes de Niquía, El Trapiche y Cabildo han sido motivo de descontento entre los habitantes de Copacabana, Girardota y Barbosa, quienes argumentan que estos cobros afectan negativamente la economía local y generan un desequilibrio en el desarrollo metropolitano. En 2020, autoridades de estos municipios conformaron una alianza para exigir el retiro o traslado de dichos peajes, calificándolos como "un insulto" y una "infamia" que ha perdurado por más de dos décadas.
Más recientemente, en febrero de 2024, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Ministerio de Transporte y la concesión Vías del Nus llegaron a un acuerdo con las comunidades del norte del Valle de Aburrá para solucionar la situación del peaje El Trapiche. Tras manifestaciones y bloqueos por parte de la veeduría 'No más peajes', se establecieron mesas de trabajo para definir la fecha de traslado del peaje y ajustar las tarifas para los vehículos de la región.
