Con 15 votos a favor y cinco en contra, la propuesta fue aprobada, permitiendo a EPM iniciar un proceso de desinversión que podría prolongarse hasta 18 meses. Según la empresa, los motivos para la venta están relacionados con la "alta intensidad competitiva" en el sector y los requerimientos de capital necesarios para mantener la sostenibilidad en el mercado. A esto se suma la rápida obsolescencia tecnológica, que incrementa el riesgo de seguir participando en esta industria.
El proceso de venta seguirá el procedimiento establecido en la Ley 226 de 1995. En una primera etapa, las acciones serán ofrecidas a destinatarios con condiciones especiales, y luego al público en general. Si estas etapas no logran completar la venta, los estatutos de UNE y el Acuerdo de accionistas otorgan un derecho de preferencia a otros accionistas de la compañía, como Millicom. En caso de que Millicom no ejerza dicho derecho, EPM podría realizar una oferta conjunta al público en general por el 100 % de las acciones de UNE.
Sin embargo, esta decisión ha suscitado varias preocupaciones. Algunos críticos advierten que la venta podría aumentar la concentración de poder en manos de un solo operador de telecomunicaciones, lo que podría limitar la competencia y afectar negativamente a los consumidores en términos de precios y calidad del servicio. Además, hay inquietudes sobre cómo la nueva administración manejará la atención al cliente y la calidad de la red, con temores de que la inversión en infraestructura pueda ser insuficiente para mantener un servicio de alta calidad.
Otro punto de preocupación es el impacto en la inversión local. EPM ha estado involucrada en proyectos de innovación y desarrollo en la región, y su salida podría afectar negativamente estas iniciativas. Finalmente, varios sectores han exigido mayor transparencia en el proceso de venta, buscando asegurar que se sigan los procedimientos adecuados y que las decisiones se tomen en beneficio de la comunidad.
