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| Fuente: El Espectador . Guardia del INPEC de vigilancia ante pandemia |
“Las medidas de bioseguridad aquí son muy malas” Aseguró Dairon, interno de la cárcel Bellavista ubicada en el municipio de Bello Antioquia “Nos dieron un tapabocas aproximadamente hace un mes sabiendo que la vida útil de un tapabocas es de 3 a 5 horas. Aquí no nos dan guantes ni antibacterial”. Aunque en esta cárcel no se ha registrado el primer caso de Covid-19, los reclusos han buscado la manera de manifestar por medio de cacerolazos la inconformidad que sienten por la negligencia en los protocolos de salubridad dentro del establecimiento penitenciario.
A diferencia de otras cárceles del país donde sí se han presentado contagios, las manifestaciones han sido más violentas. Ese es el caso de la cárcel de Villavicencio ubicada en el departamento del Meta donde se reportó la cifra más alta con un total de 879 contagios, dato confirmado por el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. La constante propagación del virus dentro del centro carcelario incitó a los reclusos a formar amotinamientos e intentos de fuga donde fueron decomisadas 43 armas blancas y 4 celulares, según datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Otras protestas se presentaron el 21 de marzo en la cárcel la Picota y La Modelo de Bogotá, al parecer coordinadas por los reclusos. La situación más preocupante fue de la cárcel La Modelo que tuvo que ser reforzada con el ejército y el INPEC por los disturbios que ocasionaron. La Ministra de Justicia, Margarita Cabello aseguró que hubo un intento masivo de fuga, el cual dejó 23 muertos y 83 heridos.
Sin embargo, no solo los reclusos se han manifestado, también lo han hecho sus familiares a las afueras de las diferentes cárceles del país. Salieron con pancartas, velas y camisetas blancas, omitiendo así las medidas que decretó el presidente Iván Duque sobre Aislamiento Preventivo Obligatorio. Los manifestantes buscan que las autoridades les brinden información acerca de sus familiares ya que la comunicación se ha visto afectada por la situación actual y que velen por los derechos fundamentales que tienen los detenidos.
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| Fuente: El Espectador, Carcel de Colombia |
Según Luis Pinzón presidente del sindicato del INPEC “en los establecimientos carcelarios y penitenciarios de Antioquia se han tomado algunas medidas, pero es necesario dejar claro a la sociedad que estas ayudas han sido patrocinadas por parte de los salarios de los trabajadores del INPEC debido a que la ausencia de la Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios ha sido totalmente absoluta frente a la exigencia que hoy tienen los establecimientos penales con relación a la pandemia”.
La situación que se vive en la cárcel de Bellavista es similar a la que se vive en otras cárceles del país, donde el Estado a través de los diferentes entes encargados de velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (PPL), se ha quedado corto en implementar medidas sanitarias adecuadas para evitar la propagación del Covid-19, en las que actualmente se han registrado según el Ministerio de Salud 1.063 contagios y 18 recuperados en cárceles del país.
Bernardo García Benjumea, Abogado especializado en derechos humanos y derecho internacional afirma que la crisis carcelaria que hoy vive el país es una problemática grave porque se sigue aumentando el hacinamiento y las respuestas del Estado y entes territoriales no ha sido muy clara para afrontarla. Esta problemática es generalizada y no solamente se presenta en las cárceles y penitenciarías, sino también e incluso con mayor intensidad en las estaciones de policía, lo que actualmente representa un riesgo para los (PPL) debido a que facilita el esparcimiento del virus y el riesgo de muerte dentro de los establecimientos.
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| Carcel Bellavista, una de las cárceles con mayor hacinamiento en Colombia |
Otra de las problemáticas que se exponen y con las que los presos no están de acuerdo es la entrada de nuevos reclusos, puesto que esta situación también representa un alto riesgo de nuevos contagios. Ante esta problemática Bernardo García afirma que es inevitable que las personas capturadas actualmente no sean llevadas a un centro penitenciario, sin embargo, por prevención se están tratando de implementar algunas medidas de bioseguridad para constatar que no tengan el covid-19 antes de ser detenido.
A causa de la emergencia sanitaria generada por la pandemia, el Presidente Iván Duque expidió el decreto 546 del 14 de abril del 2020, que busca según la abogada penalista Jessica Vega, evitar la propagación del virus dentro de los establecimientos penitenciarios, brindándoles el beneficio de la detención domiciliaria que permite la salida de 4.000 internos. Para ello se escogió el cumplimento de ciertos requisitos entre los que destacan ser mayores de 60 años, ser madres gestantes o lactantes, personas que padezcan enfermedades graves o en condición de discapacidad, tener penas menores de cinco años y hayan cumplido el 40% de la pena, entre otros.
Aunque este decreto intenta solucionar las problemáticas actuales resulta insuficiente ante las necesidades que se requieren para salvaguardar los derechos de los PPL. El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona a través de la Revista Critica, manifestaron en contra del Decreto 546 de Colombia “Nos indigna la pantomima y el sórdido espectáculo que esos entes han montado frente a esta situación de riesgo excepcional, exhibiendo una supuesta preocupación por las personas privadas de la libertad pero demostrando, con todos sus actos, absoluta indiferencia para con la suerte que puedan correr la vida, la salud y la dignidad de esta población.” Recogiendo más de 70 firmas de abogados, docentes, catedritas, investigadores y varias universidades nacionales e internacionales.
No obstante, han sido aproximadamente 268 internos que se han beneficiado de la detención domiciliaria temporal, según cifras del INPEC. Antes de su salida se les practica un examen médico para determinar si son o no portadores del virus ya que a nivel nacional hay 25.366 casos positivos y 822 fallecidos y la aplicación de esta política ayudaría a reducir el riesgo de contagios masivos.
Por otra parte, recordemos que es un deber fundamental del Gobierno Nacional velar por los derechos de todas las personas incluyendo de los presos. Los hacinamientos y ser un foco de contagio considerable no es lo único que demandan. Ellos exigen, reclaman y alzan su voz para que sean tratados con dignidad y respeto. Las problemáticas en las cárceles se han venido gestando desde hace muchos años y el sistema necesita ser reformado.
Reportaje
Laura Vergara
Equipo Periodístico Cubrinet
